El pasado 4 de marzo se ha publicado la COM(2026)100 – Proposal for a Regulation on establishing a framework of measures for accelerating industrial capacity and decarbonisation in strategic sectors (Industrial Accelerator Act)
El objetivo de la Unión Europea es claro: revertir la tendencia de desindustrialización y conseguir que la industria MADE IN EUROPE represente el 20% del PIB de la Unión para 2035.
Para lograrlo, el sector público dejará de ser un mero consumidor para convertirse en un actor estratégico.
Desde el punto de vista de la contratación pública se obliga a asegurar que las autoridades contratantes deben asegurar que sus requisitos “fomenten la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro”.
Requisitos para la Industria Electrointensiva (Acero, Aluminio y Cemento)
A partir del 1 de enero de 2029, la contratación pública de obras e infraestructuras estará sujeta a cuotas obligatorias de materiales bajos en carbono y de origen europeo. Según el Anexo II de la propuesta:
“En el contexto de los procedimientos de contratación pública iniciados a partir del 1 de enero de 2029… en los que los contratos, contratos de obras o concesiones de obras incluyan la adquisición de productos de industrias electrointensivas, los poderes adjudicadores exigirán los siguientes porcentajes mínimos”:
- Acero: “al menos el 25% del volumen total de acero utilizado deberá ser bajo en carbono” (para edificios, infraestructuras y vehículos de uso civil).
- Hormigón y mortero: “al menos el 5% del volumen total de hormigón y mortero utilizado… deberá ser bajo en carbono y de origen de la Unión”.
- Aluminio: “al menos el 25% del volumen total de aluminio utilizado deberá ser bajo en carbono y de origen de la Unión”.
El Sector de la Automoción y el Vehículo Eléctrico
La contratación pública de vehículos eléctricos también sufre un cambio radical para proteger la fabricación europea. El Anexo III estipula que:
Los nuevos vehículos eléctricos puros (PEV), los vehículos eléctricos híbridos recargables desde el exterior (OVC-HEV) o los vehículos de pila de combustible (FCV) adquiridos, arrendados, alquilados o con opción de compra en procedimientos de contratación pública… deberán cumplir los requisitos de origen de la Unión establecidos en este Anexo
Estos requisitos incluyen que el vehículo sea “ensamblado dentro de la Unión” y que la proporción de componentes (excluyendo la batería) originarios de la Unión sea de “al menos el 70%”. Además, la batería de tracción deberá contener componentes específicos (como las celdas) fabricados en la UE.
Tecnologías de Cero Emisiones Netas (Net-Zero)
El IAA modifica el Reglamento de la Industria de Cero Emisiones Netas (NZIA) para endurecer la contratación de tecnologías como paneles solares, bombas de calor y energía eólica. El texto establece:
Para los procedimientos de contratación pública… en los que los contratos tengan como parte de su objeto las tecnologías de cero emisiones netas… los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras aplicarán requisitos mínimos obligatorios en materia de sostenibilidad medioambiental
Además, se introduce una cláusula de exclusión por seguridad económica:
Los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras excluirán del acceso a los procedimientos de contratación… las ofertas presentadas por operadores económicos propiedad de o controlados por una entidad establecida en terceros países que no hayan celebrado un acuerdo internacional con la Unión que garantice dicho acceso.
Simplificación Administrativa y Digitalización
Para facilitar que las empresas participen en estas licitaciones, se apuesta por la digitalización total a través del European Business Wallet:
Los Estados miembros crearán un punto de acceso único a nivel nacional para la presentación por parte de los promotores de proyectos de la solicitud única… los puntos de acceso únicos utilizarán las Carteras de Identidad Digital Europea (European Business Wallets)
Excepciones Admitidas
La norma permite a los organismos públicos no aplicar estos requisitos estrictos en situaciones muy específicas, tales como:
- Si “los productos o servicios requeridos solo pueden ser suministrados por un operador económico específico y no existe una alternativa razonable”.
- Si “no se presentaron ofertas adecuadas” en licitaciones previas.
- Si su aplicación “daría lugar a que un poder adjudicador o una entidad adjudicadora adquiera bienes, servicios u obras con costes desproporcionados” (entendiéndose como tal una diferencia de precio superior al 25%).
