El pasado 8 de julio de 2025, la Comisión Europea publicó su Informe anual sobre el Estado de Derecho, que acompaña a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Este informe dedica un capítulo específico a la situación de España, en el que se evalúan, entre otros aspectos, los avances y desafíos en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción, libertad y pluralismo de los medios de comunicación y, de forma destacada, la transparencia y calidad institucional.
I. Sistema Judicial
Independencia
El informe destaca que entre 2024 y 2025 se han logrado avances relevantes en materia de independencia judicial, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permitió desbloquear 120 nombramientos y supuso, por primera vez, la elección de una mujer como presidenta. También se aprobó por unanimidad una propuesta de reforma del sistema de elección de vocales judiciales, actualmente en revisión por la Comisión de Venecia y cuya aplicación urge acelerar. Paralelamente, se reformó el Estatuto del Ministerio Fiscal para reducir la politización del cargo de fiscal general, introduciendo normas de incompatibilidad, un mandato no renovable y mayor transparencia. Además, se establecieron limitaciones para impedir el acceso a funciones jurisdiccionales o al CGPJ de personas con cargos políticos recientes. No obstante, el poder judicial ha alertado sobre las críticas públicas de responsables políticos, que, según el Tribunal Supremo, erosionan la confianza ciudadana y contravienen los principios europeos de respeto institucional. En este contexto, la percepción sobre la independencia judicial, aunque aún baja, ha mostrado una leve mejora entre ciudadanos y empresas.
Calidad
El sistema judicial español atraviesa una época de agitación marcada por medidas como la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa, la aplicación de un incremento progresivo de las retribuciones de jueces, magistrados y fiscales o la presentación de un proyecto de Ley Orgánica de reforma de la carrera judicial y fiscal, centrado en el acceso, recursos y estabilización de sustitutos. A este panorama se suma la investigación penal contra el fiscal general del Estado por una presunta filtración de información confidencial. Por último, y aunque continúa la digitalización de la justicia con la consolidación de herramientas electrónicas como el sistema eEDES, persisten desafíos en materia de interoperabilidad entre sistemas autonómicos y financiación adecuada.
Eficiencia
La excesiva duración de los procesos judiciales, especialmente en el Tribunal Supremo, continúa siendo un desafío estructural. En 2023, los asuntos civiles y mercantiles sustanciados ante dicho órgano tardaron una media de 691 días en resolverse. Por su parte, los contencioso-administrativos, en primera instancia, alcanzaron los 414 días. Para abordar este problema, se ha aprobado la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modifica la planta judicial y promueve reformas procesales en los cuatro órdenes jurisdiccionales, con el objetivo de agilizar los procedimientos. La norma apuesta por la especialización de órganos jurisdiccionales, la digitalización de trámites y el fomento de métodos alternativos de resolución de conflictos. Esta ley constituye un hito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
II. Marco de lucha contra la corrupción
La percepción de corrupción en el sector público español sigue siendo elevada, tanto entre la ciudadanía como entre expertos y empresas. En 2024, España obtuvo una puntuación de 56/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, situándose en el puesto 16 de la UE y 46 a nivel mundial. El Eurobarómetro de 2025 refleja que el 89 % de los ciudadanos y el 87 % de las empresas consideran que la corrupción está extendida, siendo especialmente preocupante en ámbitos como la contratación pública, la financiación de partidos, los contratos de servicios públicos y los grandes proyectos de infraestructura. Un 40 % de las empresas afirma haber perdido licitaciones por causas vinculadas a prácticas corruptas, lo que afecta directamente al entorno económico.
En respuesta, se han impulsado medidas relevantes: refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías especializadas, aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y fortalecimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses con nuevas competencias y proyectos normativos. Asimismo, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado ya está en funcionamiento. Sin embargo, persisten deficiencias estructurales, estando todavía pendiente la elaboración de una estrategia nacional contra la corrupción, la reforma del régimen de conflictos de intereses de empleados públicos, y el Consejo de Transparencia carece de mecanismos coercitivos. En conjunto, los avances son significativos, pero todavía fragmentarios, como una construcción sólida pero incompleta que requiere coherencia normativa y mayor ambición institucional para consolidarse plenamente.
III. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado sus competencias en el ámbito digital y mediático, incluyendo la supervisión del pluralismo en concentraciones y la futura creación de un registro obligatorio para medios no audiovisuales, con el objetivo de mejorar la transparencia en su titularidad.
Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la independencia de los medios públicos, como RTVE, debido a recientes reformas en su órgano de gobierno que podrían favorecer la injerencia política, así como sobre la falta de transparencia en el reparto de la publicidad institucional. Al mismo tiempo, los periodistas enfrentan un deterioro de sus condiciones laborales y crecientes amenazas a su seguridad. Para responder a estos desafíos, se debaten nuevas leyes destinadas a proteger el secreto profesional, regular el derecho de rectificación ante informaciones falsas y establecer límites al uso de contenidos generados por inteligencia artificial.
En conjunto, se trata de un escenario dinámico en el que se refuerzan ciertas garantías, pero donde la autonomía y transparencia del ecosistema mediático siguen siendo frentes abiertos.
IV. Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales
También se han observado otras cuestiones en relación con el sistema de contrapesos institucionales, como los recientes cambios en el panorama legal español, entre ellos la aprobación de la Ley de Amnistía para Cataluña, declarada conforme a la Constitución, pero sujeta a revisión por el Tribunal de Justicia de la UE y la propuesta de limitar la acción popular en procesos penales, incluyendo la posible terminación retroactiva de causas abiertas. Igualmente se han impulsado medidas para reforzar el Estado de Derecho, como un debate anual en el Congreso sobre la actuación del Gobierno y la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.
Sin embargo, persisten desafíos relevantes: la confianza empresarial en la protección de inversiones sigue siendo baja, con dificultades para obtener indemnizaciones justas, España acumula más de veinte sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pendientes de ejecución y sigue en debate una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ante su posible afectación a derechos fundamentales. En conjunto, el marco institucional y jurídico se encuentra en evolución, entre avances normativos y zonas que requieren mayor ajuste y garantía.
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