El pasado mes de septiembre se publicaron Las Directrices de la OCDE para Combatir la Colusión en la Contratación Pública, un marco esencial para reforzar la competencia, prevenir acuerdos ilícitos entre empresas y proteger el gasto público.
Su objetivo es claro: dotar a los gestores de herramientas prácticas para prevenir, detectar y reportar indicios de colusión en licitaciones.
A continuación, se presenta un resumen del texto concentrado en los tres principales epígrafes del documento:
1. What is bid rigging? (¿Qué es la colusión en las licitaciones?)
La colusión en las licitaciones surge cuando empresas que deberían competir de forma independiente coordinan sus ofertas, distorsionando la competencia y debilitando la obtención de la mejor relación calidad-precio. Estos acuerdos o intercambios de información elevan artificialmente los precios y reducen la calidad o eficiencia de los servicios adjudicados.
En ese sentido, la OCDE considera estas prácticas como una de las infracciones más graves por su impacto en el mercado y en la contratación pública, generando pérdida de eficiencia, perjuicio económico al erario y erosión de la confianza institucional en la ciudadanía.
Las formas más comunes de prácticas colusorias incluyen ofertas de cobertura, supresión de ofertas, rotación de ganadores y reparto de mercados, a menudo combinadas y, en ocasiones, vinculadas a corrupción o fraude.
Factores como mercados muy concentrados, demandas previsibles o licitaciones repetitivas aumentan el riesgo de colusión y exigen una vigilancia reforzada por parte de las autoridades.
2. Tender Design Checklist (Lista de Verificación para el Diseño de Licitaciones)
Un diseño adecuado y estratégico de la licitación constituye una de las herramientas más eficaces para prevenir comportamientos colusorios y preservar la competencia efectiva. La planificación rigurosa del procedimiento permite reducir vulnerabilidades, mitigar incentivos a la coordinación indebida entre operadores económicos y maximizar la transparencia y eficiencia del proceso contractual.
En esa línea, la OCDE recoge un conjunto de medidas preventivas enfocadas en los principales elementos del diseño y gestión de la contratación pública:
- Estar informado: Analizar previamente el mercado (operadores, cuotas, precios, historial de infracciones y riesgos). Este conocimiento permite diseñar pliegos proporcionados y detectar señales tempranas de posibles conductas colusorias.
- Maximizar la participación: Favorecer la concurrencia mediante pliegos claros, requisitos proporcionados y, cuando sea posible, permitiendo ofertas por lotes para facilitar la entrada de más competidores.
- Evitar la previsibilidad: Variar tamaño, frecuencia y calendario de las licitaciones para evitar patrones que faciliten coordinaciones entre competidores.
- Reducir la comunicación entre licitadores: Limitar cualquier canal que facilite el intercambio de información entre empresas. Fomentar el uso preferente de plataformas electrónicas anónimas y eliminación de aperturas públicas presenciales.
- Asegurar la Integridad del proceso: Exigir certificados de oferta independiente y advertir en los pliegos sobre sanciones por colusión y sobre la existencia de programas de clemencia.
3. Bid-Rigging Detection List (Lista de Detección de Colusión en Licitaciones)
Los funcionarios de contratación son piezas clave para detectar de forma temprana posibles conductas colusorias. Como estos acuerdos suelen producirse de manera oculta, resulta fundamental que identifiquen indicios o “banderas rojas” que revelen patrones inusuales en las ofertas, los precios o el comportamiento de los licitadores.
Estos indicadores pueden agruparse en las siguientes categorías:
- Señales de advertencia en los patrones de licitación: Que el mismo proveedor sea a menudo el ganador, la asignación geográfica de licitaciones ganadoras, que los proveedores habituales no presenten ofertas para una licitación esperada, pero se conviertan en subcontratistas, o que las empresas parezcan turnarse para ganar.
- Señales de advertencia en los documentos de licitación: Errores idénticos en las ofertas presentadas por diferentes empresas (como ortografía o errores de cálculo), ofertas con formato o metadatos similares o que los licitadores compartan la misma dirección u oficina.
- Señales de advertencia relacionadas con los precios: Aumentos de precio repentinos o idénticos, descuentos anticipados que desaparecen o precios que se mantienen iguales durante un largo período a pesar de los cambios en el mercado. También se considera sospechoso que haya una gran diferencia entre el precio de la oferta ganadora y las demás ofertas.
- Declaraciones o comportamiento sospechoso: Referencias habladas o escritas a un acuerdo entre licitadores, menciones a “precios sugeridos por la industria”, o que los proveedores se reúnan regularmente o intenten determinar quién más está pujando. Una señal clara es que el licitador ganador subcontrate el trabajo a los licitadores que perdieron.
Advertencia importante
La presencia de uno o varios de estos indicadores no constituye una prueba concluyente de colusión, pero sí puede justificar un análisis más profundo; por ello, ante sospechas fundadas, debe informarse a la autoridad de competencia competente sin alertar a los licitadores ni interferir en la obtención de información. Paralelamente, los gestores deben documentar con precisión cualquier conducta, declaración o anomalía observada, garantizando una trazabilidad adecuada que facilite, en su caso, una investigación formal por parte de dicha autoridad.
Conclusión orientada a los gestores públicos
Esta actualización de las Directrices OCDE constituye una herramienta estratégica esencial para reforzar la integridad y la competencia efectiva en la contratación pública, actuando como un doble mapa de carreteras orientado tanto a la prevención como a la detección de comportamientos colusorios.
La Tender Design Checklist aporta medidas para blindar los procedimientos y construir barreras que dificulten la coordinación entre operadores. Complementariamente, la Bid-Rigging Detection List dota a los gestores públicos de criterios para identificar patrones anómalos, similitudes sospechosas en la documentación, comportamientos inusuales o alteraciones injustificadas en los precios, permitiendo activar mecanismos de respuesta temprana.
Aunque ninguna medida elimina por completo el riesgo de colusión, la aplicación sistemática de estas directrices proporciona a los gestores públicos herramientas para diseñar procedimientos más robustos, criterios técnicos para interpretar señales de alerta, pautas para documentar irregularidades y orientación sobre cuándo intervenir o contactar con la autoridad de competencia.
Incorporar estas recomendaciones en la práctica diaria no solo mejora la eficiencia del gasto público, sino que refuerza la confianza ciudadana y permite avanzar hacia una contratación más segura, competitiva y capaz de neutralizar intentos de manipulación del mercado, garantizando una gestión alineada con el interés público.
